Abogado y Mediador Familiar

C/Trinidad Nº 65 Úbeda (Jáen), Tel.: 953 75 60 42

Resolvemos sus cuestiones a distancia a través de nuestro sistema de respuesta Online. Escríbanos sus cuestiones através de; felipefernandezherrera@icajaen.es.

El Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas para no entregar a sus hijos al padre

Escrito por abogadoymediador 16-08-2017 en #TC. Comentarios (0)


https://politica.elpais.com/politica/2017/08/16/actualidad/1502891659_501721.html

El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles el recurso de amparo presentado la semana pasada por los abogados de Juana Rivas, la mujer que permanece desaparecida con sus hijos desde el pasado 26 de julio, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal a EL PAÍS. Sus letrados habían reclamado, mediante una medida cautelar urgente, la paralización de la entrega de los hijos de Rivas a su padre, el italiano Francesco Arcuri. 

El  asunto no estaba previsto en el orden del día del Constitucional, cuyos magistrados se han reunido en pleno para estudiar el recurso de súplica que presentó la Generalitat de Cataluña contra la decisión de suspender de forma cautelar la reforma del Reglamento del Parlament. Pero finalmente ha sido abordada por la sala de vacaciones del TC, compuesta por tres de los 12 magistrados que componen el pleno.

El recurso pide que se paralice la entrega de los dos niños "mientras no haya un estudio detallado de las circunstancias de los menores más allá del conflicto entre los adultos", señala Juan Ramón Montero, del despacho de abogados Montero Estévez que se encarga de esta parte del procedimiento judicial de Rivas.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Granada, el pasado diciembre, como la Audiencia Provincial, en abril de 2017, han emitido sentencias que obligan a la restitución "inmediata" de los dos niños, de 11 y tres años, a su padre. Además, Rivas está en busca y captura desde el 8 de agosto, tras la orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por la vía penal por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores. Por este último podría ser condenada a hasta cuatro años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de hasta 10 años.

Francesco Arcuri denunció la sustracción internacional de sus hijos en 2016 y aguarda estos días en Granada para llevárselos. Arcuri, al que hasta la fecha han dado la razón todos los tribunales, asegura que su expareja se marchó “por capricho” y niega que le haya pegado “jamás” a ella o que haya maltratado a sus hijos.

Un año para tramitar la denuncia

Hace más de un año, en mayo de 2016, Juana Rivas salió con sus hijos de Carloforte, el pueblo italiano en el que vivía con sus dos hijos y su expareja, a Maracena (Granada), el municipio donde vive su madre y su hermana. A los dos meses de su regreso denunció los supuestos malos tratos a los que le habría sometido Arcuri entre 2013 y 2016 en Carloforte, según consta en esa denuncia, que acaba de ser enviada a Italia para que este país decida si la incluye en el expediente del caso.

Fuentes del Ministerio de Justicia española han confirmado a la agencia Efe que remitieron el jueves pasado, 10 de agosto, a Italia la denuncia que Rivas interpuso en julio de 2016 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada y que no se había tramitado hasta ahora. La denuncia fue traducida al italiano el pasado 3 de agosto, según confirmó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, después de que primero el juez reclamara a Rivas que presentara la denuncia en Italia.  En marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado respondió a una queja de Rivas para que la denuncia se enviara traducida a Italia. El juzgado pidió el 15 de marzo, con carácter “urgente”, su traducción a una empresa de Las Rozas (Madrid). Volvió a requerirlo en julio pero el documento no ha estado listo hasta agosto.

Noticia publicada en; https://politica.elpais.com/politica/2017/08/16/actualidad/1502891659_501721.html



El Supremo obliga a devolver también las cláusulas suelo anteriores a 2013

Escrito por abogadoymediador 15-02-2017 en ·cláusula suelo. Comentarios (0)

El tribunal falla contra el BBVA y asume la sentencia europea que aplica retroactividad total a los contratos abusivos.

Enlace directo a la noticia; http://economia.elpais.com/economia/2017/02/15/actualidad/1487151394_019424.html

Madrid 15 FEB 2017 - 18:55 CET

El Tribunal Supremo aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo. Es decir, obliga a devolver a las entidades todo lo cobrado desde el inicio de la aplicación de estas condiciones si los contratos eran abusivos. Así se desprende de la decisión tomada hoy a raíz de un recurso planteado por el BBVA. Hasta ahora, los bancos solo estaban obligados a anular esas cláusulas desde mayo de 2013, según falló ese año el Supremo. El alto tribunal adecua ahora su decisión a la jurisprudencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que falló en diciembre en este sentido. En concreto, el TJUE señaló que no se podía acotar en el tiempo la devolución si era por una cláusula abusiva.

El Supremo ha obligado este miércoles por primera vez a un banco, el BBVA, a devolver todo lo cobrado por una cláusula. No solo las cantidades posteriores a mayo de 2013, sino desde el inicio del contrato. La Sala de lo Civil ha aplicado así este miércoles por primera vez la sentencia dictada en diciembre pasado por el Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a las entidades financieras españolas a devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo que fueran abusivas o poco transparentes en las hipotecas.

El BBVA asegura que "respetará y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo sin reservas"

"Tal y como hemos dicho siempre, BBVA respetará y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo sin reservas y en cuanto recibamos la sentencia procederemos a atender las reclamaciones", ha declarado la entidad nada más conocerse el fallo. El banco estaba pendiente de la decisión de hoy para proceder a aplicar el Real Decreto del Gobierno sobre esta materia, y aceptar el sistema de devolución rápida.

El acuerdo del pleno de la Sala de lo Civil llega a raíz de un recurso planteado por el BBVA contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declaró abusiva la cláusula suelo firmada por un cliente de esta entidad. La entidad que preside Francisco González canceló las cláusulas suelo después de la sentencia de mayo de 2013, que tras estudiar unos contratos de la entidad declaraba que eran abusivos. Pero la que ha visto este miércoles el Supremo no era una hipoteca redactada por este banco, sino por la Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, una entidad que se fusionó luego en Unnim Banc, posteriormente absorbida por el BBVA.


El BBVA quería que se considerara que, en su caso, no cabía aplicar la retroactividad. Pues sus cláusulas suelo ya fueron juzgadas por el Supremo en 2013 y el tribunal estableció que debía cancelarlas desde mayo de aquel año. Sin embargo, el Supremo rechaza la alegación de "cosa juzgada". Según el tribunal, la sentencia de 2013 no puede aplicarse a esta hipoteca, porque no es una hipoteca original del BBVA y el texto de la cláusula era diferente. Pero, además, el Supremo rechaza considerar como juzgado el asunto porque se trata de una denuncia individual, y no colectiva. La demanda que generó la primera decisión de 2013 sí era colectiva. Es decir: el Supremo deja la puerta abierta a que a todos los clientes de BBVA que reclamen de forma individual no haya que aplicarles el límite de 2013 de la anterior sentencia.

La doctrina fijada este miércoles se aplicará a todas las hipotecas que lleguen al Supremo con cláusulas suelo consideradas nulas por abusivas y sobre las que no haya aún sentencia definitiva, como ocurría en este caso. Queda la duda de qué ocurrirá cuando llegue una sentencia del BBVA o de alguna de las otras entidades a las que se refería la sentencia de mayo de 2013 (Cajamar y NCG Banco –ahora Abanca- ). En ese caso, el BBVA podría quizá volver a alegar que el fallo del tribunal europeo no puede aplicarse porque en argot judicial es “cosa juzgada”, pero el tribunal deberá pronunciarse sobre este aspecto.

Cambio con respecto a 2013

Las cláusulas suelo afectan a las hipotecas a tipo variable. Cerca de un millón de créditos españoles para vivienda todavía las contienen en los contratos firmados. Estas disposiciones fijan un tope por debajo del cual los intereses a pagar no pueden reducirse, pese a que el índice de referencia (el euríbor) se sitúe por debajo de este nivel. Los afectados comenzaron a ver cómo la letra se encarecía cuando el euríbor subía, pero no podían beneficiarse del todo de las bajadas, que se produjeron a partir de 2009. Estas cláusulas, sin embargo, no son abusivas a priori.

Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 dictaminó que son nulas sin no son comprensibles o son poco transparentes. Con aquella decisión judicial, varias entidades (en especial, BBVA, uno de los bancos incluidos en la sentencia), las dejaron sin efecto. Sin embargo, el tribunal europeo dictó en diciembre de 2016 que si eran abusivas, no podían desaparecer solo desde 2013, sino que los bancos debían devolver lo cobrado desde su activación en 2009.

Una sentencia clave

La banca española lleva meses esperando la sentencia de este miércoles, la primera desde que el tribunal europeo dictaminó a favor de establecer una retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo que se aplicaron sin transparencia. La sentencia de Europa ha obligado al Supremo a corregir su propia doctrina, que hasta este miércoles estaba fijada en una sentencia del 9 de mayo de 2013 en la que el alto tribunal español declaró nulas las cláusulas abusivas por falta de transparencia”, pero limitó las devoluciones a lo cobrado a partir de ese día. Es decir, los clientes que tuvieran una hipoteca con una cláusula suelo considerada no transparente solo podían pedir que le devolvieran lo cobrado de más a partir del 9 de mayo de 2014.

Pero la sentencia del Supremo no dejó conformes a miles de clientes y a varios jueces, que preguntaron al tribunal europeo si tenía que haber retroactividad desde la firma de la hipoteca. Por lo general, estas cláusulas empezaron a aplicarse en 2009, cuando algunos bancos incluyeron en sus hipotecas apartados (a menudo escondidos en letra pequeña) que limitaban la repercusión de la caída del euríbor y de otros índices a favor de los clientes. El Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a los clientes que reclamaban la retroactividad total y el Supremo se ha visto obligado a aplicar ese fallo y cambiar su criterio.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes, pero la sentencia no está redactada y el texto íntegro se conocerá en los próximos días.


Enlace directo a la noticia; http://economia.elpais.com/economia/2017/02/15/actualidad/1487151394_019424.html


¿Puede un WhatsApp borrado convertirse en una prueba en un Juicio?

Escrito por abogadoymediador 18-01-2017 en Medios de Prueba. Comentarios (0)


http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html


Las conversaciones a través de sistemas de mensajería instantánea siempre han estado en entredicho como medio de prueba. La posibilidad de eliminar mensajes enviados podría complicar más las cosas.

Miles de millones de usuarios de smartphones utilizan sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram como herramienta central para sus comunicaciones. Tanto es así, que muchas de estas conversaciones han terminado por llegar a los juzgados como medio de prueba en causas abiertas. Aunque los jueces se mostraron reacios en un inicio, poco a poco, este sistema de comunicación ha calado en las jurisdicciones nacionales como indicio, al igual que sucedió en su día con los correos electrónicos.

Sin embargo, las informaciones que se han publicado y que afirman que se podrán eliminar y editar mensajes de las conversaciones mantenidas tanto a través de WhatsApp como Telegram, las dos compañías más importantes a nivel mundial, hace que muchos se planteen si este tipo de sistemas perderán fuerza probatoria ante un tribunal.

"Actualmente, las comunicaciones digitales -correo electrónico o mensajería instantánea- son el principal medio de comunicación que existe y negar a la evidente licitud sería una locura. Creo que la posibilidad de eliminar o editar mensajes no tendrá un impacto demasiado relevante en la aportación de conversaciones como medio de prueba en los tribunales. Hay que recordar que este tipo de evidencias han sido aceptadas en los juzgados, pero siempre en conjunción con otro tipo de pruebas y nunca en solitario. Cualquier caso se basa en la presentación de una serie de pruebas que permiten alcanzar una conclusión razonable visualizándolas en conjunto", explica Norman Heckn, socio el departamento de tecnologías de la información de Ramón y Cajal.

Alteración lícita

El letrado insiste en que, aunque una conversación sea alterada de manera lícita -puesto que se lo permite el sistema de mensajería-, ya sea borrando o editando el contenido, siempre deja un rastro y se puede demostrar que ha existido una conversación. "Siempre se podrá justificar que la comunicación ha tenido lugar, aunque será más complicado acreditar el contenido", añade.

En este sentido, Alejandro Touriño, socio director de Ecija, entiende que para hacer valer en un juicio una conversación de WhatsApp y su contenido como prueba no sólo valdrán fotografías de la misma, sino que deberán siempre ir apoyadas por una validación técnica. "La instantánea de una conversación a través de un sistema de mensajería instantánea no tiene demasiado valor probatorio en sí, puesto que esta fotografía puede ser alterada. Frente a esta situación, lo mejor es contar con un peritaje informático que acredite que la evidencia electrónica cumple la cadena de custodia y que existe una certeza técnica de que no ha sido alterada".

El experto en nuevas tecnologías de Ecija insiste en que con este tipo de informe cualquier juez debería aceptar este tipo de prueba y que si una de las partes aporta una conversación completa como medio de prueba y la otra lo niega, será esta última la que tendrá que aportar evidencias que acrediten lo contrario.

"Pensar que la posibilidad de borrar o editar un mensaje en una comunicación electrónica a través de WhatsApp podría rebajar la importancia y validez en un juicio de una prueba como ésta sería una locura. Al fin y al cabo, es lo mismo que si una de las partes se niega a mostrar la conversación en su dispositivo, aunque no hubiese borrado los mensajes", concluye.

Información obtenida del siguiente enlace Web;

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html

14846770477443.jpg



¿Puede el jefe espiar mis correos electrónicos?

Escrito por abogadoymediador 05-01-2017 en #vigilancia. Comentarios (0)


"El control por el empresario del correo electrónico del trabajador no viola su derecho a la intimidad"


"Una empresa informa a un trabajador de que está siendo vigilado por utilizar el correo electrónico profesional para fines privados en horario laboral. Le advierte de que esta actuación es contraria a su normativa interna. Tras requerirle en varias ocasiones, se produce su despido.

El trabajador interpone demanda por vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de la correspondencia. El tribunal la desestima, al entender que el derecho de la empresa de revisar los correos de sus empleados entra dentro de su área de actuación.

Contra esta decisión, el trabajador interpone recurso de apelación. Vuelve a ser desestimado. El tribunal sostiene que la actuación de la empresa es razonable y está amparada por la legislación nacional e internacional. El trabajador recurre esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, alega vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar (CEDH art.8).

El TEDH considera que el empresario tiene derecho a ejercer una actividad de vigilancia sobre las comunicaciones de los empleados en el trabajo siempre que haya fijado previamente las reglas de uso de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, intranet, etc) y haya cumplido su deber de información a los trabajadores de la existencia de un control sobre el uso de dichos medios.

Esta sentencia sigue la línea mantenida por la jurisprudencia española, que establece que una empresa puede acceder a las comunicaciones de sus empleados a través de equipos y herramientas profesionales, siempre que hayan sido informados previamente de esta posibilidad (TS 26-09-07 EDJ 166164)"

El contenido de esta información corresponde al siguiente enlace web;

http://www.elderecho.com/actualidad/emails-correo_electronico-jefe-trabajador-empresa-despido-derecho_a_la_intimidad-secreto_de_la_correspondencia_0_1040625018.html






Si no hago testamento, ¿quién hereda mis bienes?

Escrito por abogadoymediador 31-08-2016 en #Testamento #Herencia. Comentarios (0)

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html

Se puede dudar de todo en la vida, salvo de una cosa: nadie puede escaparse de la muerte. Pese a ello, otorgar testamento todavía no se ha convertido en una práctica habitual en España. Aunque los datos apunten a un alza, el crecimiento es pausado: de acuerdo con el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2015 se registraron 635.646 actos, un alza del 3% en comparación con el año anterior y un 11% más con respecto a 2009. Una cifra exigua si se compara con los 17 millones de mayores de 50 años que residen en el país.

Evidentemente, a los 50 años la muerte no es inminente —aún menos en España, uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo—. Pero sí es cuando la gente empieza a preocuparse por su porvenir “y a preguntar qué hacer”, asegura Ignasi Vives, abogado en el despacho Sanahuja-Miranda, sobre todo si tiene hijos y propiedades.  

Valentín B. es uno de ellos. Este hombre de 56 años, casado, con una hipoteca y tres hijos —dos de ellos menores de edad—, cumple a rajatabla con el perfil del neotestador. Depositó sus últimas voluntades ante notario en 2011, a raíz de la muerte de su padre. ¿La razón? Salvaguardar la vida familiar. “Si no, todo es un lío”, dice. Porque si el titular no decide, en vida, cómo distribuir su patrimonio cuando fallezca, el reparto se hace según lo que dicta la ley. Y puede que el criterio que sigue no coincida con lo que hubiéramos querido.

Por qué hacer testamento 

“Aconsejo hacer testamento por una razón muy clara: es la única manera para disponer realmente de lo que se tiene”, zanja Teresa de la Fuente, decana del Colegio Notarial de Castilla-León. En caso contrario, se hace una declaración de herederos ante notario y se aplica el orden sucesorio establecido por el Código Civil. Según su jerarquía, si hay hijos y descendientes, estos lo heredan todo. En su ausencia, les tocaría a los padres y ascendientes, y solo si no hubiera ningún familiar que se pudiese adscribir a una de estas categorías heredaría el cónyuge. Si tampoco existiera marido o mujer, entonces subintrarían los colaterales (desde hermanos a primos o sobrinos) hasta el cuarto grado y, en última instancia, el Estado.

A través del testamento también se pueden nombrar tutores o reconocer hijos

Da igual qué relación tuviera el fallecido con los herederos. El derecho no entiende de sentimientos, y quien sale más perjudicado por este esquema por defecto es el cónyuge. “Si hay hijos, va todo a ellos en partes iguales y el cónyuge solo tiene el usufructo de un tercio de la herencia [además de la mitad de los bienes gananciales, si estaban casados en este régimen, dado que ya le pertenecían en vida]; si no hay hijos, los padres o ascendientes reciben la herencia y el cónyuge tiene el usufructo de la mitad”, desglosa José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria. “Y si no hay matrimonio, el testamento es obligatorio, porque la pareja no hereda nada”.

Por esta asimetría en el trato del cónyuge, el testamento más común es el que se conoce como del uno para el otro, y después para los hijos. Con esta fórmula, cada uno otorga testamento y atribuye al otro el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto —que no podrá vender sin el consentimiento de los hijos—, y solo cuando fallezca los hijos recibirán su parte. “El 95% de los testamentos se hace por eso”, dice Corral.

Este es también el caso de Valentín. “Nunca se sabe lo que puede pasar”, espeta. Asimismo, aprovechó del testamento para dejar solucionados otros asuntos relevantes, los que van más allá del aspecto puramente económico: designó un tutor para sus hijos, por si también falleciera su mujer. “Incluso se pueden nombrar albaceas y reconocer hijos”, enumera de la Fuente. Y si a posteriori se quisiera modificar alguna disposición, no habría ningún problema. Francisco Rosales, notario en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda que el testamento es solo “una presunta última voluntad, que se puede cambiar cuando y cuantas veces uno quiera”. Lo que sí es obligatorio es otorgarlo conforme a la ley: aunque se pueda, en parte, intervenir en el orden sucesorio, no todo vale.

Cómo repartir los bienes

El tipo de testamento más común es el denominado abierto, que se hace en escritura pública ante notario, quien se encarga de conservarlo en total confidencialidad e inscribirlo en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo hace falta acudir con el DNI y contar cómo se quieren repartir los bienes, sin necesidad de hacer un inventario. “La ventaja es que se recoge la voluntad y se adapta a la ley”, señala de la Fuente. “Por ejemplo, si viene alguien y dice que se lo quiere dejar todo al vecino de enfrente, hay que avisarle de que no se puede”. Por ello, hay que tener particular cuidado con el testamento ológrafo, el que escribe el testador de su puño y letra. “Es una caja bomba que puede crear muchos problemas”, alerta Rosales. Si se opta por esta modalidad, hay que ajustarse perfectamente a la normativa para que nadie lo pueda tumbar.

Un testamento básico cuesta unos 40 euros y se puede cambiar todas las veces que uno quiera

Se elija la modalidad que sea, el testador nunca tiene completa libertad en el reparto: hay una porción de la que no se puede disponer como se desee. Esta parte se llama legitima y acaba obligatoriamente en las manos de los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en este orden de preferencia —salvo excepciones en las Comunidades donde no se aplica el derecho común—. 

La cuantía de la legítima varía según quienes sean los herederos forzosos. Si hay hijos o descendientes, su legítima se corresponde a un tercio de la herencia dividida en partes iguales, más otro tercio (el de mejora) que se puede asignar en los porcentajes que uno quiera. Por ejemplo, legarlo todo a un único hijo. El último tercio, el de libre disposición, se puede destinar a quien se quiera y en la cantidad que se desee. Puede ser uno de los herederos, un hermano, el cónyuge o una persona con la que no se tengan vínculos familiares. El cónyuge, en este supuesto, tendrá derecho como mínimo al usufructo de un tercio de la herencia.

“La gente quiere que desaparezca el sistema de legítimas para dejar la herencia a quien se quiera”, asevera Jesús Rodríguez, abogado y profesor titular de derecho civil en la Universidad Rey Juan CarlosPero mientras, por unos 40 euros —el precio más común para un testamento—, puede que merezca la pena sentarse frente al notario y evaluar qué hacer. “Es uno de los documentos que, resolviendo más problemas, menos cuesta”, asegura de la Fuente.

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html



http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html