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Si no hago testamento, ¿quién hereda mis bienes?

Escrito por abogadoymediador 31-08-2016 en #Testamento #Herencia. Comentarios (0)

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html

Se puede dudar de todo en la vida, salvo de una cosa: nadie puede escaparse de la muerte. Pese a ello, otorgar testamento todavía no se ha convertido en una práctica habitual en España. Aunque los datos apunten a un alza, el crecimiento es pausado: de acuerdo con el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2015 se registraron 635.646 actos, un alza del 3% en comparación con el año anterior y un 11% más con respecto a 2009. Una cifra exigua si se compara con los 17 millones de mayores de 50 años que residen en el país.

Evidentemente, a los 50 años la muerte no es inminente —aún menos en España, uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo—. Pero sí es cuando la gente empieza a preocuparse por su porvenir “y a preguntar qué hacer”, asegura Ignasi Vives, abogado en el despacho Sanahuja-Miranda, sobre todo si tiene hijos y propiedades.  

Valentín B. es uno de ellos. Este hombre de 56 años, casado, con una hipoteca y tres hijos —dos de ellos menores de edad—, cumple a rajatabla con el perfil del neotestador. Depositó sus últimas voluntades ante notario en 2011, a raíz de la muerte de su padre. ¿La razón? Salvaguardar la vida familiar. “Si no, todo es un lío”, dice. Porque si el titular no decide, en vida, cómo distribuir su patrimonio cuando fallezca, el reparto se hace según lo que dicta la ley. Y puede que el criterio que sigue no coincida con lo que hubiéramos querido.

Por qué hacer testamento 

“Aconsejo hacer testamento por una razón muy clara: es la única manera para disponer realmente de lo que se tiene”, zanja Teresa de la Fuente, decana del Colegio Notarial de Castilla-León. En caso contrario, se hace una declaración de herederos ante notario y se aplica el orden sucesorio establecido por el Código Civil. Según su jerarquía, si hay hijos y descendientes, estos lo heredan todo. En su ausencia, les tocaría a los padres y ascendientes, y solo si no hubiera ningún familiar que se pudiese adscribir a una de estas categorías heredaría el cónyuge. Si tampoco existiera marido o mujer, entonces subintrarían los colaterales (desde hermanos a primos o sobrinos) hasta el cuarto grado y, en última instancia, el Estado.

A través del testamento también se pueden nombrar tutores o reconocer hijos

Da igual qué relación tuviera el fallecido con los herederos. El derecho no entiende de sentimientos, y quien sale más perjudicado por este esquema por defecto es el cónyuge. “Si hay hijos, va todo a ellos en partes iguales y el cónyuge solo tiene el usufructo de un tercio de la herencia [además de la mitad de los bienes gananciales, si estaban casados en este régimen, dado que ya le pertenecían en vida]; si no hay hijos, los padres o ascendientes reciben la herencia y el cónyuge tiene el usufructo de la mitad”, desglosa José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria. “Y si no hay matrimonio, el testamento es obligatorio, porque la pareja no hereda nada”.

Por esta asimetría en el trato del cónyuge, el testamento más común es el que se conoce como del uno para el otro, y después para los hijos. Con esta fórmula, cada uno otorga testamento y atribuye al otro el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto —que no podrá vender sin el consentimiento de los hijos—, y solo cuando fallezca los hijos recibirán su parte. “El 95% de los testamentos se hace por eso”, dice Corral.

Este es también el caso de Valentín. “Nunca se sabe lo que puede pasar”, espeta. Asimismo, aprovechó del testamento para dejar solucionados otros asuntos relevantes, los que van más allá del aspecto puramente económico: designó un tutor para sus hijos, por si también falleciera su mujer. “Incluso se pueden nombrar albaceas y reconocer hijos”, enumera de la Fuente. Y si a posteriori se quisiera modificar alguna disposición, no habría ningún problema. Francisco Rosales, notario en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda que el testamento es solo “una presunta última voluntad, que se puede cambiar cuando y cuantas veces uno quiera”. Lo que sí es obligatorio es otorgarlo conforme a la ley: aunque se pueda, en parte, intervenir en el orden sucesorio, no todo vale.

Cómo repartir los bienes

El tipo de testamento más común es el denominado abierto, que se hace en escritura pública ante notario, quien se encarga de conservarlo en total confidencialidad e inscribirlo en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo hace falta acudir con el DNI y contar cómo se quieren repartir los bienes, sin necesidad de hacer un inventario. “La ventaja es que se recoge la voluntad y se adapta a la ley”, señala de la Fuente. “Por ejemplo, si viene alguien y dice que se lo quiere dejar todo al vecino de enfrente, hay que avisarle de que no se puede”. Por ello, hay que tener particular cuidado con el testamento ológrafo, el que escribe el testador de su puño y letra. “Es una caja bomba que puede crear muchos problemas”, alerta Rosales. Si se opta por esta modalidad, hay que ajustarse perfectamente a la normativa para que nadie lo pueda tumbar.

Un testamento básico cuesta unos 40 euros y se puede cambiar todas las veces que uno quiera

Se elija la modalidad que sea, el testador nunca tiene completa libertad en el reparto: hay una porción de la que no se puede disponer como se desee. Esta parte se llama legitima y acaba obligatoriamente en las manos de los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en este orden de preferencia —salvo excepciones en las Comunidades donde no se aplica el derecho común—. 

La cuantía de la legítima varía según quienes sean los herederos forzosos. Si hay hijos o descendientes, su legítima se corresponde a un tercio de la herencia dividida en partes iguales, más otro tercio (el de mejora) que se puede asignar en los porcentajes que uno quiera. Por ejemplo, legarlo todo a un único hijo. El último tercio, el de libre disposición, se puede destinar a quien se quiera y en la cantidad que se desee. Puede ser uno de los herederos, un hermano, el cónyuge o una persona con la que no se tengan vínculos familiares. El cónyuge, en este supuesto, tendrá derecho como mínimo al usufructo de un tercio de la herencia.

“La gente quiere que desaparezca el sistema de legítimas para dejar la herencia a quien se quiera”, asevera Jesús Rodríguez, abogado y profesor titular de derecho civil en la Universidad Rey Juan CarlosPero mientras, por unos 40 euros —el precio más común para un testamento—, puede que merezca la pena sentarse frente al notario y evaluar qué hacer. “Es uno de los documentos que, resolviendo más problemas, menos cuesta”, asegura de la Fuente.

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html



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El Tribunal Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas

Escrito por abogadoymediador 03-08-2016 en "Tasas". Comentarios (0)

http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunal-Constitucional-anula-tasas-judiciales_0_980625040.html

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.

En concreto el TC anula los incisos del artículo 7.1 de la ley que prevé las cuotas fijas de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario. Declara nula también la cuota de 800 euros para promover recurso de apelación, la de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil y las tasas para el recurso de suplicación (500 euros) y el de casación, en cualquiera de sus modalidades (750 euros).

El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.

Cuantías "desproporcionadas"

Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

Y también respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el "ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.

Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia. Y aclara que, el hecho de que se trate de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, implica en algunos casos que no se consiga evitar recursos abusivos.

"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.

En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso.

"Abusiva e injusta"

En su recurso, presentado en julio de 2013, el grupo parlamentario socialista argumentó que la normativa, que financiaría la justicia gratuita según Gallardón, era "abusiva e injusta" y suponía un "atentado" contra la democracia. Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Ya en 2015 el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las jurídicas, incluidas las pymes. En concreto el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una reducción de 80 por ciento en el tramo variable de dichas tasas para las personas físicos y la liberación del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunal-Constitucional-anula-tasas-judiciales_0_980625040.html



El TS limita a 25 folios la extensión de los recursos contenciosos ante el aumento de la carga de trabajo

Escrito por abogadoymediador 10-05-2016 en TS. Comentarios (0)

Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".

La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.

Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.

Novedad en el ordenamiento

El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.

Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, "a modo de recomendación", otras pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.

Lo justifica en el "previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía" ante la Sala Tercera, que a juicio de los magistrados de la Sala de Gobierno "exigierá un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal".

Discrepancias

Durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos 'peros' al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.

Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.

Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo "deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni áun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa".

INFORMACIÓN DERIVADA DE ; http://www.elderecho.com/actualidad/TS-extension-recursos-contenciosos_0_948750182.html

Los Tribunales Superiores de Justicia ya tienen su Portal de Transparencia

Escrito por abogadoymediador 10-05-2016 en TSJ. Comentarios (0)

Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Cataluña y Madrid han entrado hoy en funcionamiento en la página web www.poderjudicial.es, con lo que los TSJ de las diecisiete Comunidades Autónomas se han sumado ya a la política de transparencia, según ha informado el CGPJ.

Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán que, por primera vez, los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas puedan acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno.

Quienes accedan a ellos –a través del Portal de Transparencia del CGPJ o desde la pestaña que cada Tribunal Superior tiene en la web- podrán consultar también otros documentos relevantes e información de utilidad pública.

La agenda institucional y del presidente del TSJ, el directorio de órganos judiciales y de la Fiscalía de cada territorio, las Memorias, los protocolos y convenios también tendrán presencia en los Portales, que informarán asimismo de la gestión del presupuesto para actos protocolarios de que dispone cada Tribunal Superior.

Los órganos centrales también tendrán Portal de Transparencia

La puesta en marcha de los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia se inició el pasado 23 de noviembre, con la entrada en funcionamiento como “proyectos piloto” de los de Illes Balears y Murcia.

El pasado 1 de febrero activaron sus Portales los TSJ de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana; a los que el día 24 de ese mismo mes se sumaron los Tribunales Superiores de Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja. El pasado 1 de abril, entraron en funcionamiento los de Canarias, Extremadura, Galicia y el País Vasco.

El proceso culminará en los próximos meses con la puesta en marcha de los Portales de Transparencia de los órganos centrales: Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.



Información derivada de; http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunales-Superiores-Justicia-Portal-Transparencia_0_950250126.html

Pistolas de "Airsoft" y "Paintball"

Escrito por abogadoymediador 11-12-2015 en TRIBUNAL SUPREMO. Comentarios (0)

El TS establece que el uso de pistolas de airsoft y paintball requiere estar en posesión de una tarjeta de armas

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha avalado la inclusión de las armas que se utilizan en los juegos de airsoft y paintball en la categoría cuarta del Reglamento de Armas junto a las carabinas y pistolas de aire u otro gas comprimido.

CGPJ


Los magistrados estiman el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado del Estado y anulan la sentencia de la Audiencia Nacional que revocó la orden del Ministerio del Interior (INT/2860/2012) relativa al régimen aplicable a las armas utilizables en actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball que son  automáticas, de resorte o muelle. Las de aire comprimido que se usan en dichas actividades ya estaban incluidas en el mencionado reglamento. La sentencia anulada consideró que el ministerio del Interior se había extralimitado al definir un nuevo tipo de arma sin estar habilitado para ello.

La Sala Tercera afirma que el carácter lúdico deportivo de estas armas no es un obstáculo para que sean comprendidas en el ámbito del Reglamento de Armas. Asimismo, indica que no puede objetarse a su inclusión en uno de los regímenes contemplados en el mismo el hecho de que se trate de imitaciones de armas de fuego reales, que sean inofensivas en circunstancias normales o que tengan una finalidad lúdico-deportiva.

Del mismo modo, indica que necesitan una tarjeta de armas -no licencia- expedida por los alcaldes con una validez limitada al término municipal sin que dichos requisitos supongan unas limitaciones para su comercio, circulación o uso. 

Resultado de imagen de paintball


BIBLIOGRAFÍA:

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-ts-establece-que-el-uso-de-pistolas-de-airsoft-y-paintball-requiere-estar-en-posesion-de-una-tarjeta-de-armas