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¿Puede un WhatsApp borrado convertirse en una prueba en un Juicio?

Escrito por abogadoymediador 18-01-2017 en Medios de Prueba. Comentarios (0)


http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html


Las conversaciones a través de sistemas de mensajería instantánea siempre han estado en entredicho como medio de prueba. La posibilidad de eliminar mensajes enviados podría complicar más las cosas.

Miles de millones de usuarios de smartphones utilizan sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram como herramienta central para sus comunicaciones. Tanto es así, que muchas de estas conversaciones han terminado por llegar a los juzgados como medio de prueba en causas abiertas. Aunque los jueces se mostraron reacios en un inicio, poco a poco, este sistema de comunicación ha calado en las jurisdicciones nacionales como indicio, al igual que sucedió en su día con los correos electrónicos.

Sin embargo, las informaciones que se han publicado y que afirman que se podrán eliminar y editar mensajes de las conversaciones mantenidas tanto a través de WhatsApp como Telegram, las dos compañías más importantes a nivel mundial, hace que muchos se planteen si este tipo de sistemas perderán fuerza probatoria ante un tribunal.

"Actualmente, las comunicaciones digitales -correo electrónico o mensajería instantánea- son el principal medio de comunicación que existe y negar a la evidente licitud sería una locura. Creo que la posibilidad de eliminar o editar mensajes no tendrá un impacto demasiado relevante en la aportación de conversaciones como medio de prueba en los tribunales. Hay que recordar que este tipo de evidencias han sido aceptadas en los juzgados, pero siempre en conjunción con otro tipo de pruebas y nunca en solitario. Cualquier caso se basa en la presentación de una serie de pruebas que permiten alcanzar una conclusión razonable visualizándolas en conjunto", explica Norman Heckn, socio el departamento de tecnologías de la información de Ramón y Cajal.

Alteración lícita

El letrado insiste en que, aunque una conversación sea alterada de manera lícita -puesto que se lo permite el sistema de mensajería-, ya sea borrando o editando el contenido, siempre deja un rastro y se puede demostrar que ha existido una conversación. "Siempre se podrá justificar que la comunicación ha tenido lugar, aunque será más complicado acreditar el contenido", añade.

En este sentido, Alejandro Touriño, socio director de Ecija, entiende que para hacer valer en un juicio una conversación de WhatsApp y su contenido como prueba no sólo valdrán fotografías de la misma, sino que deberán siempre ir apoyadas por una validación técnica. "La instantánea de una conversación a través de un sistema de mensajería instantánea no tiene demasiado valor probatorio en sí, puesto que esta fotografía puede ser alterada. Frente a esta situación, lo mejor es contar con un peritaje informático que acredite que la evidencia electrónica cumple la cadena de custodia y que existe una certeza técnica de que no ha sido alterada".

El experto en nuevas tecnologías de Ecija insiste en que con este tipo de informe cualquier juez debería aceptar este tipo de prueba y que si una de las partes aporta una conversación completa como medio de prueba y la otra lo niega, será esta última la que tendrá que aportar evidencias que acrediten lo contrario.

"Pensar que la posibilidad de borrar o editar un mensaje en una comunicación electrónica a través de WhatsApp podría rebajar la importancia y validez en un juicio de una prueba como ésta sería una locura. Al fin y al cabo, es lo mismo que si una de las partes se niega a mostrar la conversación en su dispositivo, aunque no hubiese borrado los mensajes", concluye.

Información obtenida del siguiente enlace Web;

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html

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¿Puede el jefe espiar mis correos electrónicos?

Escrito por abogadoymediador 05-01-2017 en #vigilancia. Comentarios (0)


"El control por el empresario del correo electrónico del trabajador no viola su derecho a la intimidad"


"Una empresa informa a un trabajador de que está siendo vigilado por utilizar el correo electrónico profesional para fines privados en horario laboral. Le advierte de que esta actuación es contraria a su normativa interna. Tras requerirle en varias ocasiones, se produce su despido.

El trabajador interpone demanda por vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de la correspondencia. El tribunal la desestima, al entender que el derecho de la empresa de revisar los correos de sus empleados entra dentro de su área de actuación.

Contra esta decisión, el trabajador interpone recurso de apelación. Vuelve a ser desestimado. El tribunal sostiene que la actuación de la empresa es razonable y está amparada por la legislación nacional e internacional. El trabajador recurre esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, alega vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar (CEDH art.8).

El TEDH considera que el empresario tiene derecho a ejercer una actividad de vigilancia sobre las comunicaciones de los empleados en el trabajo siempre que haya fijado previamente las reglas de uso de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, intranet, etc) y haya cumplido su deber de información a los trabajadores de la existencia de un control sobre el uso de dichos medios.

Esta sentencia sigue la línea mantenida por la jurisprudencia española, que establece que una empresa puede acceder a las comunicaciones de sus empleados a través de equipos y herramientas profesionales, siempre que hayan sido informados previamente de esta posibilidad (TS 26-09-07 EDJ 166164)"

El contenido de esta información corresponde al siguiente enlace web;

http://www.elderecho.com/actualidad/emails-correo_electronico-jefe-trabajador-empresa-despido-derecho_a_la_intimidad-secreto_de_la_correspondencia_0_1040625018.html






Si no hago testamento, ¿quién hereda mis bienes?

Escrito por abogadoymediador 31-08-2016 en #Testamento #Herencia. Comentarios (0)

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html

Se puede dudar de todo en la vida, salvo de una cosa: nadie puede escaparse de la muerte. Pese a ello, otorgar testamento todavía no se ha convertido en una práctica habitual en España. Aunque los datos apunten a un alza, el crecimiento es pausado: de acuerdo con el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2015 se registraron 635.646 actos, un alza del 3% en comparación con el año anterior y un 11% más con respecto a 2009. Una cifra exigua si se compara con los 17 millones de mayores de 50 años que residen en el país.

Evidentemente, a los 50 años la muerte no es inminente —aún menos en España, uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo—. Pero sí es cuando la gente empieza a preocuparse por su porvenir “y a preguntar qué hacer”, asegura Ignasi Vives, abogado en el despacho Sanahuja-Miranda, sobre todo si tiene hijos y propiedades.  

Valentín B. es uno de ellos. Este hombre de 56 años, casado, con una hipoteca y tres hijos —dos de ellos menores de edad—, cumple a rajatabla con el perfil del neotestador. Depositó sus últimas voluntades ante notario en 2011, a raíz de la muerte de su padre. ¿La razón? Salvaguardar la vida familiar. “Si no, todo es un lío”, dice. Porque si el titular no decide, en vida, cómo distribuir su patrimonio cuando fallezca, el reparto se hace según lo que dicta la ley. Y puede que el criterio que sigue no coincida con lo que hubiéramos querido.

Por qué hacer testamento 

“Aconsejo hacer testamento por una razón muy clara: es la única manera para disponer realmente de lo que se tiene”, zanja Teresa de la Fuente, decana del Colegio Notarial de Castilla-León. En caso contrario, se hace una declaración de herederos ante notario y se aplica el orden sucesorio establecido por el Código Civil. Según su jerarquía, si hay hijos y descendientes, estos lo heredan todo. En su ausencia, les tocaría a los padres y ascendientes, y solo si no hubiera ningún familiar que se pudiese adscribir a una de estas categorías heredaría el cónyuge. Si tampoco existiera marido o mujer, entonces subintrarían los colaterales (desde hermanos a primos o sobrinos) hasta el cuarto grado y, en última instancia, el Estado.

A través del testamento también se pueden nombrar tutores o reconocer hijos

Da igual qué relación tuviera el fallecido con los herederos. El derecho no entiende de sentimientos, y quien sale más perjudicado por este esquema por defecto es el cónyuge. “Si hay hijos, va todo a ellos en partes iguales y el cónyuge solo tiene el usufructo de un tercio de la herencia [además de la mitad de los bienes gananciales, si estaban casados en este régimen, dado que ya le pertenecían en vida]; si no hay hijos, los padres o ascendientes reciben la herencia y el cónyuge tiene el usufructo de la mitad”, desglosa José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria. “Y si no hay matrimonio, el testamento es obligatorio, porque la pareja no hereda nada”.

Por esta asimetría en el trato del cónyuge, el testamento más común es el que se conoce como del uno para el otro, y después para los hijos. Con esta fórmula, cada uno otorga testamento y atribuye al otro el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto —que no podrá vender sin el consentimiento de los hijos—, y solo cuando fallezca los hijos recibirán su parte. “El 95% de los testamentos se hace por eso”, dice Corral.

Este es también el caso de Valentín. “Nunca se sabe lo que puede pasar”, espeta. Asimismo, aprovechó del testamento para dejar solucionados otros asuntos relevantes, los que van más allá del aspecto puramente económico: designó un tutor para sus hijos, por si también falleciera su mujer. “Incluso se pueden nombrar albaceas y reconocer hijos”, enumera de la Fuente. Y si a posteriori se quisiera modificar alguna disposición, no habría ningún problema. Francisco Rosales, notario en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda que el testamento es solo “una presunta última voluntad, que se puede cambiar cuando y cuantas veces uno quiera”. Lo que sí es obligatorio es otorgarlo conforme a la ley: aunque se pueda, en parte, intervenir en el orden sucesorio, no todo vale.

Cómo repartir los bienes

El tipo de testamento más común es el denominado abierto, que se hace en escritura pública ante notario, quien se encarga de conservarlo en total confidencialidad e inscribirlo en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo hace falta acudir con el DNI y contar cómo se quieren repartir los bienes, sin necesidad de hacer un inventario. “La ventaja es que se recoge la voluntad y se adapta a la ley”, señala de la Fuente. “Por ejemplo, si viene alguien y dice que se lo quiere dejar todo al vecino de enfrente, hay que avisarle de que no se puede”. Por ello, hay que tener particular cuidado con el testamento ológrafo, el que escribe el testador de su puño y letra. “Es una caja bomba que puede crear muchos problemas”, alerta Rosales. Si se opta por esta modalidad, hay que ajustarse perfectamente a la normativa para que nadie lo pueda tumbar.

Un testamento básico cuesta unos 40 euros y se puede cambiar todas las veces que uno quiera

Se elija la modalidad que sea, el testador nunca tiene completa libertad en el reparto: hay una porción de la que no se puede disponer como se desee. Esta parte se llama legitima y acaba obligatoriamente en las manos de los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en este orden de preferencia —salvo excepciones en las Comunidades donde no se aplica el derecho común—. 

La cuantía de la legítima varía según quienes sean los herederos forzosos. Si hay hijos o descendientes, su legítima se corresponde a un tercio de la herencia dividida en partes iguales, más otro tercio (el de mejora) que se puede asignar en los porcentajes que uno quiera. Por ejemplo, legarlo todo a un único hijo. El último tercio, el de libre disposición, se puede destinar a quien se quiera y en la cantidad que se desee. Puede ser uno de los herederos, un hermano, el cónyuge o una persona con la que no se tengan vínculos familiares. El cónyuge, en este supuesto, tendrá derecho como mínimo al usufructo de un tercio de la herencia.

“La gente quiere que desaparezca el sistema de legítimas para dejar la herencia a quien se quiera”, asevera Jesús Rodríguez, abogado y profesor titular de derecho civil en la Universidad Rey Juan CarlosPero mientras, por unos 40 euros —el precio más común para un testamento—, puede que merezca la pena sentarse frente al notario y evaluar qué hacer. “Es uno de los documentos que, resolviendo más problemas, menos cuesta”, asegura de la Fuente.

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html



http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html

El Tribunal Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas

Escrito por abogadoymediador 03-08-2016 en "Tasas". Comentarios (0)

http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunal-Constitucional-anula-tasas-judiciales_0_980625040.html

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.

En concreto el TC anula los incisos del artículo 7.1 de la ley que prevé las cuotas fijas de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario. Declara nula también la cuota de 800 euros para promover recurso de apelación, la de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil y las tasas para el recurso de suplicación (500 euros) y el de casación, en cualquiera de sus modalidades (750 euros).

El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.

Cuantías "desproporcionadas"

Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

Y también respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el "ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.

Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia. Y aclara que, el hecho de que se trate de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, implica en algunos casos que no se consiga evitar recursos abusivos.

"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.

En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso.

"Abusiva e injusta"

En su recurso, presentado en julio de 2013, el grupo parlamentario socialista argumentó que la normativa, que financiaría la justicia gratuita según Gallardón, era "abusiva e injusta" y suponía un "atentado" contra la democracia. Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Ya en 2015 el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las jurídicas, incluidas las pymes. En concreto el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una reducción de 80 por ciento en el tramo variable de dichas tasas para las personas físicos y la liberación del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunal-Constitucional-anula-tasas-judiciales_0_980625040.html



El TS limita a 25 folios la extensión de los recursos contenciosos ante el aumento de la carga de trabajo

Escrito por abogadoymediador 10-05-2016 en TS. Comentarios (0)

Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".

La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.

Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.

Novedad en el ordenamiento

El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.

Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, "a modo de recomendación", otras pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.

Lo justifica en el "previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía" ante la Sala Tercera, que a juicio de los magistrados de la Sala de Gobierno "exigierá un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal".

Discrepancias

Durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos 'peros' al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.

Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.

Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo "deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni áun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa".

INFORMACIÓN DERIVADA DE ; http://www.elderecho.com/actualidad/TS-extension-recursos-contenciosos_0_948750182.html