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El Supremo obliga a devolver también las cláusulas suelo anteriores a 2013

Escrito por abogadoymediador 15-02-2017 en ·cláusula suelo. Comentarios (0)

El tribunal falla contra el BBVA y asume la sentencia europea que aplica retroactividad total a los contratos abusivos.

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Madrid 15 FEB 2017 - 18:55 CET

El Tribunal Supremo aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo. Es decir, obliga a devolver a las entidades todo lo cobrado desde el inicio de la aplicación de estas condiciones si los contratos eran abusivos. Así se desprende de la decisión tomada hoy a raíz de un recurso planteado por el BBVA. Hasta ahora, los bancos solo estaban obligados a anular esas cláusulas desde mayo de 2013, según falló ese año el Supremo. El alto tribunal adecua ahora su decisión a la jurisprudencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que falló en diciembre en este sentido. En concreto, el TJUE señaló que no se podía acotar en el tiempo la devolución si era por una cláusula abusiva.

El Supremo ha obligado este miércoles por primera vez a un banco, el BBVA, a devolver todo lo cobrado por una cláusula. No solo las cantidades posteriores a mayo de 2013, sino desde el inicio del contrato. La Sala de lo Civil ha aplicado así este miércoles por primera vez la sentencia dictada en diciembre pasado por el Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a las entidades financieras españolas a devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo que fueran abusivas o poco transparentes en las hipotecas.

El BBVA asegura que "respetará y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo sin reservas"

"Tal y como hemos dicho siempre, BBVA respetará y cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo sin reservas y en cuanto recibamos la sentencia procederemos a atender las reclamaciones", ha declarado la entidad nada más conocerse el fallo. El banco estaba pendiente de la decisión de hoy para proceder a aplicar el Real Decreto del Gobierno sobre esta materia, y aceptar el sistema de devolución rápida.

El acuerdo del pleno de la Sala de lo Civil llega a raíz de un recurso planteado por el BBVA contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declaró abusiva la cláusula suelo firmada por un cliente de esta entidad. La entidad que preside Francisco González canceló las cláusulas suelo después de la sentencia de mayo de 2013, que tras estudiar unos contratos de la entidad declaraba que eran abusivos. Pero la que ha visto este miércoles el Supremo no era una hipoteca redactada por este banco, sino por la Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, una entidad que se fusionó luego en Unnim Banc, posteriormente absorbida por el BBVA.


El BBVA quería que se considerara que, en su caso, no cabía aplicar la retroactividad. Pues sus cláusulas suelo ya fueron juzgadas por el Supremo en 2013 y el tribunal estableció que debía cancelarlas desde mayo de aquel año. Sin embargo, el Supremo rechaza la alegación de "cosa juzgada". Según el tribunal, la sentencia de 2013 no puede aplicarse a esta hipoteca, porque no es una hipoteca original del BBVA y el texto de la cláusula era diferente. Pero, además, el Supremo rechaza considerar como juzgado el asunto porque se trata de una denuncia individual, y no colectiva. La demanda que generó la primera decisión de 2013 sí era colectiva. Es decir: el Supremo deja la puerta abierta a que a todos los clientes de BBVA que reclamen de forma individual no haya que aplicarles el límite de 2013 de la anterior sentencia.

La doctrina fijada este miércoles se aplicará a todas las hipotecas que lleguen al Supremo con cláusulas suelo consideradas nulas por abusivas y sobre las que no haya aún sentencia definitiva, como ocurría en este caso. Queda la duda de qué ocurrirá cuando llegue una sentencia del BBVA o de alguna de las otras entidades a las que se refería la sentencia de mayo de 2013 (Cajamar y NCG Banco –ahora Abanca- ). En ese caso, el BBVA podría quizá volver a alegar que el fallo del tribunal europeo no puede aplicarse porque en argot judicial es “cosa juzgada”, pero el tribunal deberá pronunciarse sobre este aspecto.

Cambio con respecto a 2013

Las cláusulas suelo afectan a las hipotecas a tipo variable. Cerca de un millón de créditos españoles para vivienda todavía las contienen en los contratos firmados. Estas disposiciones fijan un tope por debajo del cual los intereses a pagar no pueden reducirse, pese a que el índice de referencia (el euríbor) se sitúe por debajo de este nivel. Los afectados comenzaron a ver cómo la letra se encarecía cuando el euríbor subía, pero no podían beneficiarse del todo de las bajadas, que se produjeron a partir de 2009. Estas cláusulas, sin embargo, no son abusivas a priori.

Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 dictaminó que son nulas sin no son comprensibles o son poco transparentes. Con aquella decisión judicial, varias entidades (en especial, BBVA, uno de los bancos incluidos en la sentencia), las dejaron sin efecto. Sin embargo, el tribunal europeo dictó en diciembre de 2016 que si eran abusivas, no podían desaparecer solo desde 2013, sino que los bancos debían devolver lo cobrado desde su activación en 2009.

Una sentencia clave

La banca española lleva meses esperando la sentencia de este miércoles, la primera desde que el tribunal europeo dictaminó a favor de establecer una retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo que se aplicaron sin transparencia. La sentencia de Europa ha obligado al Supremo a corregir su propia doctrina, que hasta este miércoles estaba fijada en una sentencia del 9 de mayo de 2013 en la que el alto tribunal español declaró nulas las cláusulas abusivas por falta de transparencia”, pero limitó las devoluciones a lo cobrado a partir de ese día. Es decir, los clientes que tuvieran una hipoteca con una cláusula suelo considerada no transparente solo podían pedir que le devolvieran lo cobrado de más a partir del 9 de mayo de 2014.

Pero la sentencia del Supremo no dejó conformes a miles de clientes y a varios jueces, que preguntaron al tribunal europeo si tenía que haber retroactividad desde la firma de la hipoteca. Por lo general, estas cláusulas empezaron a aplicarse en 2009, cuando algunos bancos incluyeron en sus hipotecas apartados (a menudo escondidos en letra pequeña) que limitaban la repercusión de la caída del euríbor y de otros índices a favor de los clientes. El Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a los clientes que reclamaban la retroactividad total y el Supremo se ha visto obligado a aplicar ese fallo y cambiar su criterio.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes, pero la sentencia no está redactada y el texto íntegro se conocerá en los próximos días.


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¿Puede un WhatsApp borrado convertirse en una prueba en un Juicio?

Escrito por abogadoymediador 18-01-2017 en Medios de Prueba. Comentarios (0)


http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html


Las conversaciones a través de sistemas de mensajería instantánea siempre han estado en entredicho como medio de prueba. La posibilidad de eliminar mensajes enviados podría complicar más las cosas.

Miles de millones de usuarios de smartphones utilizan sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram como herramienta central para sus comunicaciones. Tanto es así, que muchas de estas conversaciones han terminado por llegar a los juzgados como medio de prueba en causas abiertas. Aunque los jueces se mostraron reacios en un inicio, poco a poco, este sistema de comunicación ha calado en las jurisdicciones nacionales como indicio, al igual que sucedió en su día con los correos electrónicos.

Sin embargo, las informaciones que se han publicado y que afirman que se podrán eliminar y editar mensajes de las conversaciones mantenidas tanto a través de WhatsApp como Telegram, las dos compañías más importantes a nivel mundial, hace que muchos se planteen si este tipo de sistemas perderán fuerza probatoria ante un tribunal.

"Actualmente, las comunicaciones digitales -correo electrónico o mensajería instantánea- son el principal medio de comunicación que existe y negar a la evidente licitud sería una locura. Creo que la posibilidad de eliminar o editar mensajes no tendrá un impacto demasiado relevante en la aportación de conversaciones como medio de prueba en los tribunales. Hay que recordar que este tipo de evidencias han sido aceptadas en los juzgados, pero siempre en conjunción con otro tipo de pruebas y nunca en solitario. Cualquier caso se basa en la presentación de una serie de pruebas que permiten alcanzar una conclusión razonable visualizándolas en conjunto", explica Norman Heckn, socio el departamento de tecnologías de la información de Ramón y Cajal.

Alteración lícita

El letrado insiste en que, aunque una conversación sea alterada de manera lícita -puesto que se lo permite el sistema de mensajería-, ya sea borrando o editando el contenido, siempre deja un rastro y se puede demostrar que ha existido una conversación. "Siempre se podrá justificar que la comunicación ha tenido lugar, aunque será más complicado acreditar el contenido", añade.

En este sentido, Alejandro Touriño, socio director de Ecija, entiende que para hacer valer en un juicio una conversación de WhatsApp y su contenido como prueba no sólo valdrán fotografías de la misma, sino que deberán siempre ir apoyadas por una validación técnica. "La instantánea de una conversación a través de un sistema de mensajería instantánea no tiene demasiado valor probatorio en sí, puesto que esta fotografía puede ser alterada. Frente a esta situación, lo mejor es contar con un peritaje informático que acredite que la evidencia electrónica cumple la cadena de custodia y que existe una certeza técnica de que no ha sido alterada".

El experto en nuevas tecnologías de Ecija insiste en que con este tipo de informe cualquier juez debería aceptar este tipo de prueba y que si una de las partes aporta una conversación completa como medio de prueba y la otra lo niega, será esta última la que tendrá que aportar evidencias que acrediten lo contrario.

"Pensar que la posibilidad de borrar o editar un mensaje en una comunicación electrónica a través de WhatsApp podría rebajar la importancia y validez en un juicio de una prueba como ésta sería una locura. Al fin y al cabo, es lo mismo que si una de las partes se niega a mostrar la conversación en su dispositivo, aunque no hubiese borrado los mensajes", concluye.

Información obtenida del siguiente enlace Web;

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/01/17/587e5fe0268e3e90638b456f.html

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¿Puede el jefe espiar mis correos electrónicos?

Escrito por abogadoymediador 05-01-2017 en #vigilancia. Comentarios (0)


"El control por el empresario del correo electrónico del trabajador no viola su derecho a la intimidad"


"Una empresa informa a un trabajador de que está siendo vigilado por utilizar el correo electrónico profesional para fines privados en horario laboral. Le advierte de que esta actuación es contraria a su normativa interna. Tras requerirle en varias ocasiones, se produce su despido.

El trabajador interpone demanda por vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de la correspondencia. El tribunal la desestima, al entender que el derecho de la empresa de revisar los correos de sus empleados entra dentro de su área de actuación.

Contra esta decisión, el trabajador interpone recurso de apelación. Vuelve a ser desestimado. El tribunal sostiene que la actuación de la empresa es razonable y está amparada por la legislación nacional e internacional. El trabajador recurre esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, alega vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar (CEDH art.8).

El TEDH considera que el empresario tiene derecho a ejercer una actividad de vigilancia sobre las comunicaciones de los empleados en el trabajo siempre que haya fijado previamente las reglas de uso de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, intranet, etc) y haya cumplido su deber de información a los trabajadores de la existencia de un control sobre el uso de dichos medios.

Esta sentencia sigue la línea mantenida por la jurisprudencia española, que establece que una empresa puede acceder a las comunicaciones de sus empleados a través de equipos y herramientas profesionales, siempre que hayan sido informados previamente de esta posibilidad (TS 26-09-07 EDJ 166164)"

El contenido de esta información corresponde al siguiente enlace web;

http://www.elderecho.com/actualidad/emails-correo_electronico-jefe-trabajador-empresa-despido-derecho_a_la_intimidad-secreto_de_la_correspondencia_0_1040625018.html






Si no hago testamento, ¿quién hereda mis bienes?

Escrito por abogadoymediador 31-08-2016 en #Testamento #Herencia. Comentarios (0)

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html

Se puede dudar de todo en la vida, salvo de una cosa: nadie puede escaparse de la muerte. Pese a ello, otorgar testamento todavía no se ha convertido en una práctica habitual en España. Aunque los datos apunten a un alza, el crecimiento es pausado: de acuerdo con el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2015 se registraron 635.646 actos, un alza del 3% en comparación con el año anterior y un 11% más con respecto a 2009. Una cifra exigua si se compara con los 17 millones de mayores de 50 años que residen en el país.

Evidentemente, a los 50 años la muerte no es inminente —aún menos en España, uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo—. Pero sí es cuando la gente empieza a preocuparse por su porvenir “y a preguntar qué hacer”, asegura Ignasi Vives, abogado en el despacho Sanahuja-Miranda, sobre todo si tiene hijos y propiedades.  

Valentín B. es uno de ellos. Este hombre de 56 años, casado, con una hipoteca y tres hijos —dos de ellos menores de edad—, cumple a rajatabla con el perfil del neotestador. Depositó sus últimas voluntades ante notario en 2011, a raíz de la muerte de su padre. ¿La razón? Salvaguardar la vida familiar. “Si no, todo es un lío”, dice. Porque si el titular no decide, en vida, cómo distribuir su patrimonio cuando fallezca, el reparto se hace según lo que dicta la ley. Y puede que el criterio que sigue no coincida con lo que hubiéramos querido.

Por qué hacer testamento 

“Aconsejo hacer testamento por una razón muy clara: es la única manera para disponer realmente de lo que se tiene”, zanja Teresa de la Fuente, decana del Colegio Notarial de Castilla-León. En caso contrario, se hace una declaración de herederos ante notario y se aplica el orden sucesorio establecido por el Código Civil. Según su jerarquía, si hay hijos y descendientes, estos lo heredan todo. En su ausencia, les tocaría a los padres y ascendientes, y solo si no hubiera ningún familiar que se pudiese adscribir a una de estas categorías heredaría el cónyuge. Si tampoco existiera marido o mujer, entonces subintrarían los colaterales (desde hermanos a primos o sobrinos) hasta el cuarto grado y, en última instancia, el Estado.

A través del testamento también se pueden nombrar tutores o reconocer hijos

Da igual qué relación tuviera el fallecido con los herederos. El derecho no entiende de sentimientos, y quien sale más perjudicado por este esquema por defecto es el cónyuge. “Si hay hijos, va todo a ellos en partes iguales y el cónyuge solo tiene el usufructo de un tercio de la herencia [además de la mitad de los bienes gananciales, si estaban casados en este régimen, dado que ya le pertenecían en vida]; si no hay hijos, los padres o ascendientes reciben la herencia y el cónyuge tiene el usufructo de la mitad”, desglosa José Corral, decano del Colegio Notarial de Cantabria. “Y si no hay matrimonio, el testamento es obligatorio, porque la pareja no hereda nada”.

Por esta asimetría en el trato del cónyuge, el testamento más común es el que se conoce como del uno para el otro, y después para los hijos. Con esta fórmula, cada uno otorga testamento y atribuye al otro el usufructo universal de sus bienes: el viudo o viuda seguirá disfrutando del patrimonio del difunto —que no podrá vender sin el consentimiento de los hijos—, y solo cuando fallezca los hijos recibirán su parte. “El 95% de los testamentos se hace por eso”, dice Corral.

Este es también el caso de Valentín. “Nunca se sabe lo que puede pasar”, espeta. Asimismo, aprovechó del testamento para dejar solucionados otros asuntos relevantes, los que van más allá del aspecto puramente económico: designó un tutor para sus hijos, por si también falleciera su mujer. “Incluso se pueden nombrar albaceas y reconocer hijos”, enumera de la Fuente. Y si a posteriori se quisiera modificar alguna disposición, no habría ningún problema. Francisco Rosales, notario en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda que el testamento es solo “una presunta última voluntad, que se puede cambiar cuando y cuantas veces uno quiera”. Lo que sí es obligatorio es otorgarlo conforme a la ley: aunque se pueda, en parte, intervenir en el orden sucesorio, no todo vale.

Cómo repartir los bienes

El tipo de testamento más común es el denominado abierto, que se hace en escritura pública ante notario, quien se encarga de conservarlo en total confidencialidad e inscribirlo en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo hace falta acudir con el DNI y contar cómo se quieren repartir los bienes, sin necesidad de hacer un inventario. “La ventaja es que se recoge la voluntad y se adapta a la ley”, señala de la Fuente. “Por ejemplo, si viene alguien y dice que se lo quiere dejar todo al vecino de enfrente, hay que avisarle de que no se puede”. Por ello, hay que tener particular cuidado con el testamento ológrafo, el que escribe el testador de su puño y letra. “Es una caja bomba que puede crear muchos problemas”, alerta Rosales. Si se opta por esta modalidad, hay que ajustarse perfectamente a la normativa para que nadie lo pueda tumbar.

Un testamento básico cuesta unos 40 euros y se puede cambiar todas las veces que uno quiera

Se elija la modalidad que sea, el testador nunca tiene completa libertad en el reparto: hay una porción de la que no se puede disponer como se desee. Esta parte se llama legitima y acaba obligatoriamente en las manos de los herederos forzosos, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge en este orden de preferencia —salvo excepciones en las Comunidades donde no se aplica el derecho común—. 

La cuantía de la legítima varía según quienes sean los herederos forzosos. Si hay hijos o descendientes, su legítima se corresponde a un tercio de la herencia dividida en partes iguales, más otro tercio (el de mejora) que se puede asignar en los porcentajes que uno quiera. Por ejemplo, legarlo todo a un único hijo. El último tercio, el de libre disposición, se puede destinar a quien se quiera y en la cantidad que se desee. Puede ser uno de los herederos, un hermano, el cónyuge o una persona con la que no se tengan vínculos familiares. El cónyuge, en este supuesto, tendrá derecho como mínimo al usufructo de un tercio de la herencia.

“La gente quiere que desaparezca el sistema de legítimas para dejar la herencia a quien se quiera”, asevera Jesús Rodríguez, abogado y profesor titular de derecho civil en la Universidad Rey Juan CarlosPero mientras, por unos 40 euros —el precio más común para un testamento—, puede que merezca la pena sentarse frente al notario y evaluar qué hacer. “Es uno de los documentos que, resolviendo más problemas, menos cuesta”, asegura de la Fuente.

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/29/actualidad/1472491816_655407.html



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El Tribunal Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas

Escrito por abogadoymediador 03-08-2016 en "Tasas". Comentarios (0)

http://www.elderecho.com/actualidad/Tribunal-Constitucional-anula-tasas-judiciales_0_980625040.html

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.

En concreto el TC anula los incisos del artículo 7.1 de la ley que prevé las cuotas fijas de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario. Declara nula también la cuota de 800 euros para promover recurso de apelación, la de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil y las tasas para el recurso de suplicación (500 euros) y el de casación, en cualquiera de sus modalidades (750 euros).

El tribunal tumba también el artículo 7.2 que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, en sintonía con lo demandado por profesionales del mundo de la judicatura, sindicatos y consumidores que rechazaron la normativa desde el mismo momento de su aprobación llegando incluso a crear la plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

No obstante el TC, que advierte que los efectos de su decisión afectarán a nuevos supuestos o procedimientos donde no haya resolución firme, considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia.

Cuantías "desproporcionadas"

Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

Y también respecto a la financiación mixta de la justicia, en tanto su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia sino el "ejercicio de la potestad jurisdiccional", según explica el tribunal que matiza que esto no debe implicar la implantación de unas tasas excesivas que acaben dificultando el acceso a la justicia.

Por tanto, concluye que la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos si bien sí que lo es para conseguir el fin de la financiación mixta de la justicia. Y aclara que, el hecho de que se trate de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, implica en algunos casos que no se consiga evitar recursos abusivos.

"Su objetivo de prevenir de dichos recursos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir", reza la resolución, que añade que, al final, el perjudicado se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.

En cuanto a las tasas exigidas para interponer recursos, el Tribunal Constitucional se ampara en la justificación contenida en la memoria económica de la ley que se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto la sentencia afirma, por un lado, que "el objetivo de la financiación mixta de la justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental" y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales "no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, las cuáles resulta excesiva " por lo que concluye que, dichos gravámenes, vulneran el derecho protegido por el artículo 24,1 de la Constitución al poder disuadir la de interposición de recurso.

"Abusiva e injusta"

En su recurso, presentado en julio de 2013, el grupo parlamentario socialista argumentó que la normativa, que financiaría la justicia gratuita según Gallardón, era "abusiva e injusta" y suponía un "atentado" contra la democracia. Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Ya en 2015 el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las jurídicas, incluidas las pymes. En concreto el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una reducción de 80 por ciento en el tramo variable de dichas tasas para las personas físicos y la liberación del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

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